La escena es calcada en Nariño y el resto de departamentos del país: la Administración departamental, casi que, en una peripecia fiscal, libra un verdadero pulso ante la Asamblea y los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, OCAD, para buscar recursos que impidan que los
niños y niñas estudiantes se queden sin el Programa de Alimentación Escolar, PAE.

Invertir en la población infantil está lejos de ser el debate, pues de hecho fue por tratarse de este sector, clave para el progreso de cualquier sociedad, que en Nariño su Gobernación no dudó ni un momento en declarar, en el arranque de 2016, una urgencia manifiesta para garantizar este derecho a los más pequeños y que no quedaran en vilo por cuenta de la determinación del Gobierno Nacional, a través del Decreto 1852 de 2015, de cargarle a los departamentos buena parte de la responsabilidad económica de este programa que hasta ese año era competencia de la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional.

“El PAE le ha costado a Nariño lo equivalente a 37 escuelas, 28 puestos de salud rural o la conectividad a internet de los colegios de todo el departamento”.

MENOS RECURSOS, MÁS OBLIGACIONES

Semejante cambio, de brochazo, ya hizo mella en Nariño. Desde 2016 a la fecha su Administración ha tenido que desembolsar 30.000 millones de pesos de sus recursos propios o de gestión para tapar el hueco fiscal de un plan que diariamente representa, en promedio, 160 mil raciones alimenticias en 1.950 establecimientos educativos de 61 municipios del departamento.

A pesar de la alerta que desde un inicio se lanzó en esta zona del sur del país sobre la urgencia de replantear la medida, ésta, por el contrario, se ha venido agudizando. Mientras que en 2016 el departamento direccionó de sus recursos $3.762 millones para afrontar el déficit del PAE, la cifra, para 2018, alcanza los 20.391 millones.

De ellos, el Gobierno departamental, a través de las secretarías de Educación y Planeación, ya tiene conseguidos 14.578 millones pero existe la preocupación frente a los otros $5.813 millones sobre los que aún no se sabe de dónde saldrán.

DEPARTAMENTOS, ‘ASFIXIADOS’

Precisamente por cuenta del cambio en las reglas de juego del PAE y tal como sucede en una familia común y corriente cuando hace mercado, a Nariño le ha tocado priorizar. Con los 30.000 millones, esos mismos que ya no tiene para inversión desde que la Nación le endilgó parte de la responsabilidad del PAE, el departamento habría podido construir 37 escuelas, 28 puestos de salud rural para las comunidades más pobres, financiar casi la totalidad de la intervención de la malla vial secundaria de los municipios del norte o la conectividad a internet de las instituciones educativas del departamento.

El reclamo no es sólo de Nariño. Al vivir una realidad similar, los gobernadores de los 31 departamentos más han tenido que hacer eco de este llamado, el último de ellos se dio en la pasada cumbre nacional adelantada a mediados de enero en Cartagena. Allí, los mandatarios seccionales, le recodaron al Ministerio de Educación Nacional que la alimentación de los niños y niñas no puede quedar a merced de los limitados presupuestos de los departamentos.

Ante ello y también por cuenta de las reiteradas voces de las Alcaldías, el presidente de la República, señaló, hace menos de una semana, la urgencia de hacer una “revisión profunda” al PAE que aún está en mora de hacerse no sólo para equipar la balanza fiscal que hoy tiene ‘asfixiados’ a los entes territoriales sino para proporcionar mejores condiciones a los más de cinco millones de niños y niñas de Nariño y del resto de Colombia priorizados con este programa.

2018-03-02T12:05:56+00:00