Bastó que un par de titulares de prensa hicieran eco de la propuesta de establecer un salario mínimo diferenciado, tanto por edad como por regiones en el país, para que la eterna discusión del sueldo que devengan millones de colombianos no sólo tuviera un matiz especial al filo del 2017 sino que además la opinión pública se familiarizara con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE.

Detrás de la sonada iniciativa, que venía de esta organización que reúne a 35 países del mundo y a la que Colombia, desde su actual Gobierno Nacional, quiere ingresar, como dé lugar, revivía en la mesa el interrogante que por décadas ha esquivado el Estado: ¿Cuál es el camino efectivo para acabar con el fantasma de la pobreza?

Mientras esa discusión acaloraba las negociaciones del salario mínimo por algunos considerarla como desproporcionada por cuenta de la disparidad de la realidad colombiana con la de los pueblos que integran la OCDE, que definen, a su juicio, que se debe y que no hacer en el mundo en materia económica, en Nariño una medida, cuyos riesgos había anticipado la Administración departamental y afín al flagelo de la pobreza, amenazaba el bolsillo de al menos 90.901 habitantes: la actualización de los puntajes del SISBEN por cuenta de los resultados de la nueva encuesta adelantada en 57 de los 64 municipios del departamento en el segundo semestre de 2017.

Tal realidad cayó como un baldado de agua fría pues, de un momento a otro, este significativo número de nariñense dejaron los niveles más críticos de la pobreza producto de una metodología que primó el cálculo estadístico por encima de la realidad, más aun, cuando la actualización del puntaje debió adelantarse, previos ajustes al proceso, en 2020, y no desde el año pasado y en el arranque de 2018, como en efecto sucedió.

“La pobreza no se resuelve restando dígitos sino sumando oportunidades. La defensa de los derechos de los más vulnerable no es negociable en Nariño”.

Defensa de derechos

Semejante contradicción, que se convertía en un castigo para Nariño, donde sus localidades abrieron las puertas para acoger esta encuesta piloto que se replicará en el resto de departamentos del país, quedó en evidencia luego de que la Gobernación, tras varios encuentros con representantes de los municipios, advirtiera al DNP sobre la inconveniencia de aplicar los nuevos puntajes sin ajustes a la metodología.

Ese campanazo de alerta, hecho desde Nariño al país, no sólo permitió que a los 90.901 habitantes más pobres del departamento se les respetaran sus derechos, sino que suscitó además un debate sobre la necesidad de replantear el enfoque para la superación de la pobreza.

Hoy, mientras el país gravita hacia un frenesí de ‘recetas’ estadísticas para subsanar las magras condiciones de millones de colombianos y entrar a una elite mundial aún distante en la realidad, en Nariño se invierte la fórmula pues allí el único afán es el generar oportunidades en el territorio, que partan desde el reconocimiento a la ciudadanía y sus potencialidades, como base para avanzar en mejores condiciones de vida y con ello disminuir los niveles de inequidad que por décadas han surcado las subregiones del departamento.

2018-03-01T16:45:35+00:00